Veinte días después de cerrarse el plazo para presentar alegaciones contra el Anteproyecto de Ley de Supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Castilla-la Mancha NO HA PUBLICADO información alguna sobre el número de alegaciones recibidas ni sobre su contenido.

La única noticia relacionada con esta importante cuestión -detrás de cada alegación hay al menos una persona ejerciendo su derecho a participar en democracia- fue protagonizada por el Portavoz del Gobierno que en rueda de prensa el pasado 8 de septiembre dijo QUE :

El 90% de las alegaciones recibidas se adecuaban a “una plantilla que ha sido remitida a algunos ciudadanos” por parte de esta institución. Por ello, “ninguna de ellas merecen ser tenidas en consideración por parte del Consejo, según los servicios jurídicos“.
Estas manifestaciones del Portavoz del Gobierno pueden leerse pinchando aquí.

Al día de hoy no conocemos el número total de alegaciones presentadas, las recibidas en internet, ni las recogidas en papel, y de ellas, cuantas son idénticas y las que añaden argumentos diferentes contra la supresión de la Defensoría castellano-manchega.

Sabemos que son muy numerosas las alegaciones presentadas por ciudadanas y ciudadanos en papel y por internet.
La Plataforma por los Derechos en Castilla-La Mancha presentó escrito adjuntado el manifiesto contra la supresión del Defensor del Pueblo con las más de 700 firmas que lo avalan, y alegando tambien un defecto en el plazo abierto para la iniciativa pública -15 días- cuando la ley exige un plazo mínimo de 20  días, vulnerando el derecho a la participación ciudadana.
Nos consta por los apoyos recibidos y la información extraida de tweeter, facebook, internet, que han presentado alegaciones otras Defensorías, como la del País Vasco o el Sindic de Greuges de Catalunya e incluso la Organización Internacional de Ombudsman (puede leerse pinchando aquí)
También se ha alegado por asociaciones feministas contra el defectuoso informe de impácto de género, obligatorio para la tramitación del Anteproyecto.

El artículo 86 de la ley 30/92, sobre el trámite de información pública dice : quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
¿ALGUIEN HA RECIBIDO RESPUESTA RAZONADA DE ESTE GOBIERNO QUE SE DEFINE COMO “TRANSPARENTE Y RIGUROSO”?

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