EL GOBIERNO DE CASTILLA LA MANCHA HA ABIERTO UN PERIODO DE INFORMACIÓN PUBLICA (de 15 días naturales, en pleno Agosto) PARA QUE TODAS LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS PUEDAN EXAMINAR LA LEY DE SUPRESIÓN DEL DEFENSOR Y HACER ALEGACIONES AL MISMO ANTES DEL PRÓXIMO 1 SEPTIEMBRE: 

Cualquier persona, colectivo, entidad, corporación, organismo o institución, haya solicitado o no los servicios del Defensor del Pueblo, tenga o no un expediente en trámite en la Institución, puede alegar lo que considere conveniente y remitirlo a La Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por escrito, a la Dirección Postal Plaza del Cardenal Siliceo s/n 45071 TOLEDO, presentarlo en cualquier registro público, o hacer alegación de menos de 255 caracteres en internet haciendo click AQUÍ .
Ponemos a vuestra disposición dos modelos de alegaciones para presentar ANTES DEL UNO DE SEPTIEMBRE y un modelo de 255 caracteres.

modelo alegaciones1 

 modelo alegaciones2

255 caracteres para alegar en internet: En CLM tenemos leyes y derechos autonómicos en los q la Defensoría Estatal no es experta. Ni tan cercana y accesible, así q será menos eficaz. Ante problema con hospital, colegio, ser soc, ayuntamient, turno oficio, ETC ya no tendré Servic REGIONAL GRATIS

El argumento utilizado por el Gobierno en la ley de supresión es la posibilidad de que nuestras quejas las tramite el Defensor Estatal y el recorte del gasto. Sin embargo desde que Castilla-La Mancha asumió competencias transferidas en educación, igualdad de género, sanidad, menores, dependencia, etcétera, tenemos nuestras propias leyes y derechos en los que la Defensoría Estatal no es experta ni tiene competencias. Tampoco es tan cercana y accesible para las personas de nuestra Región, por lo que es obvio que será menos eficaz. Y NO SE ENTIENDE que ese argumento se utilice con Castilla-La Mancha y no con las otras 13 Comunidades Autónomas que tienen Defensoría Regional. El gasto es de 2 millones de euros al año,1 euro al año por persona castellano-manchega. Si les parece caro, su tarea de gobierno debería ser reducir costes, nunca eliminar un servicio público regional que ayuda especialmente a las personas más desfavorecidas o vulnerables.

Queremos ahorro, no queremos que recorten nuestros derechos.

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