Más del 80 % de las farmacias de Castilla-La Mancha están de huelga. No han recibido lo que les debe el SESCAM por los medicamentos que han suministrado a las y los pacientes de la Región durante los últimos tres meses. Ni siquiera las amenazas del gobierno regional de multa hasta 15.000 euros han amilanado a las y los responsables de las farmacias.

Según nuestras leyes autonómicas tenemos derecho “a la obtención de los medicamentos y productos sanitarios que necesite para promover, conservar o restablecer su salud, de acuerdo con los criterios básicos de uso racional”. Si ese derecho puede verse limitado es obligación del Defensor del Pueblo de Castilla-la Mancha actuar. Y lo ha hecho con una “queja de oficio”.

A todo ésto ¿Qué dice el Gobierno Regional? La Presidenta y el Consejero de Sanidad están de vacaciones. No pasa nada, ya está el señor Atienza para opinar:
Según Europa Press:  “El secretario general del Grupo Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, David Atienza, ha calificado de “impresentable” el comportamiento del Defensor del Pueblo, José Manuel Martínez Cenzano, por utilizar la institución que dirige “de acicate de la estrategia del PSOE” tras presentar una queja ante la situación del impago a los farmacéuticos. El dirigente ‘popular’ se ha preguntado dónde estaba el Defensor del Pueblo “cuando en Castilla-La Mancha se han sucedido una serie de acontecimientos negativos para los ciudadanos relacionados con la nefasta gestión del PSOE de José María Barreda”, ha informado el PP en nota de prensa.
“Ni cuando se destapó el escándalo de CCM, ni cuando ganaderos, agricultores, otros trabajadores y pymes de la región han sufrido el lastre de la crisis ha estado este dirigente socialista cumpliendo con las responsabilidades de su cargo”, ha añadido.

Pues esta Plataforma también opina y mantiene que el secretario general del Grupo Popular de las Cortes no tiene ni idea de cuáles son las competencias del Defensor del Pueblo, institución que la ley define como comisionado de esas mismas Cortes: GARANTIZAR los derechos fundamentales de la ciudadanía (derecho a la protección de la salud) frente a la Administración Pública de Castilla-la Mancha (Consejería de Sanidad).

La CCM es una entidad financiera que no forma parte de la Administración, y que sepamos no ha puesto en peligro derecho fundamental alguno de la ciudadanía. Desde luego, sería genial que pudiera hacer algo una Defensoría contra el lastre de la crisis, pero los mercados, ni siquiera el laboral, no pueden ser controlado por este tipo de Instituciones. Seamos serios y pidamos que cada cuál actue de acuerdo con sus competencias. La del Defensor es controlar a la Administración Pública. He ahí el problema ¿no?.

El Señor Atienza, si duda de la imparcialidad de la Defensoría del Pueblo de Castilla-La Mancha, podría leer alguno de los informes colgados en la página del Defensor. Por lo menos debería conocer lo que publicó en prensa su propio partido en su provincia, Guadalajara, pocos días antes de las elecciones regionales: los populares del Ayuntamiento de Fontanar acudieron al defensor para denunciar “la falta de información y negativa de informar, por parte de la alcaldesa socialista, Yolanda Tieso”. En nota de prensa el PP indicó  “la resolución dictada por el Defensor del Pueblo pone de manifiesto la mala intención y la clara ocultación de datos a la que nos ha tenido sometidos Yolanda Tieso durante todo este mandato, por lo que ahora espero que acate lo que le ha sugerido Martínez Cenzano”.

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